La presunta ‘caja B’ de Podemos sacude al Gobierno
Financiación del partido
La presunta ‘caja B’ de Podemos sacude al Gobierno
Pedro Sánchez evita respaldar a su socio y esquiva el ataque frontal de Podemos a los jueces reclamando “máximo respeto”. Desde el PP se exige la dimisión de Iglesias por su “silencio perturbador” tras la imputación de Podemos.
Los regates y evasivas con los que la rama socialista del Gobierno trata de distanciarse de la imputación de Podemos por presunta financiación irregular alcanzaron este miércoles al presidente. Pedro Sánchez se vio obligado a salir en defensa de los jueces para amortiguar el ataque frontal del partido de Pablo Iglesias contra el instructor de su caso en un juzgado de Madrid. Incómodo por la asunción por parte de su socio en el Consejo de Ministros de esta estrategia hostil, el presidente del Gobierno reclamó el "máximo respeto" -tres veces- para los jueces y subrayó su "independencia".
"Creo que he sido bastante claro: máximo respeto al trabajo del poder judicial", zanjó Sánchez a la tercera ocasión en la que fue preguntado por los periodistas durante la rueda de prensa que dio en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, tras mantener un encuentro con el Rey Felipe VI.
Ceñido una y otra vez a esa idea, y sin defender en ningún momento a Podemos, Sánchez esquivó las preguntas de la prensa sobre el partido sin valorar ni entrar en el fondo de la cuestión. Tampoco en las consecuencias que este caso pudiera acarrear en algún momento a la estabilidad del Gobierno de coalición si la investigación arroja indicios de un delito de malversación.
Hay que recordar que ahora mismo están bajo investigación las cuentas de Podemos, especialmente las de la campaña electoral de las generales de abril de 2019. El partido ha sido imputado como persona jurídica, al igual que tres de los miembros de su cúpula, entre ellos, Juanma del Olmo, uno de los colaboradores más próximos a Pablo Iglesias dentro de la estructura de cargos de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.
Otro escándalo: el 'caso Dina'
El problema para el Gobierno es que al socio minoritario de la coalición se le acumulan los escándalos y las investigaciones encima de la mesa, proyectando una imagen de inestabilidad. Si la financiación ya es un tema suficientemente sensible en sí mismo, no lo son menos las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional sobre el caso Dina y que van estrechando el cerco sobre el comportamiento de Pablo Iglesias, cuando retuvo durante meses y sin avisar la tarjeta de memoria del móvil de su ex asesora Dina Bousselham.
Además, el juez indaga si se pudo armar una denuncia falsa sobre todo el asunto del teléfono para presentarse a un mes de las elecciones como una víctima acreditada de las cloacas del Estado.
Con tanto lío, Podemos ha optado por embarrar el terreno y disparar contra jueces, medios de comunicación y periodistas concretos por informar de los pormenores de las investigaciones y de las decisiones que se van tomando por los instructores.
Lo hizo sin tapujos Iglesias, en su momento. desde la sala de prensa de Moncloa y lo están haciendo sus correlegionarios en las últimas horas por cualquier canal del que disponen. Pero a quien están atacando en las últimas horas es al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, al que acusan de abrir una "causa general" contra Podemos y una "investigación prospectiva" con el fin de sacar al partido del Gobierno.
Los dirigentes de Podemos se defienden
"Además de antidemocrático, el lawfare desprestigia a la justicia", decía Pablo Echenique. "El poder revolviéndose para sacar del Gobierno a quien no sigue sus órdenes", señalaba el secretario de Organización, Alberto Rodríguez.
Los dirigentes de Podemos reprenden a Escalonilla diciendo que actúa sin pruebas y critican que se haya basado para investigar en el testimonio del que fuera responsable del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, de cuya denuncia surge toda la investigación sobre las cuentas de Podemos y las presuntas irregularidades financieras.
Sin embargo, la pasada semana EL MUNDO informó de que Tribunal de Cuentas también ha alertado de partidas sin justificar por valor de 400.000 euros. Tanto Calvente como el tribunal fiscalizador, los dos en paralelo, coinciden en apuntar sus dudas sobre los contratos del partido morado con la empresa Neurona Comunidad S.L.
En su arremetida contra el juez, Podemos ha vinculado también su actuación con la moción de censura que presentará Vox en septiembre. "Necesita aderezo", dijo este miércoles Rafael Mayoral en la Cadena Ser, en una entrevista en la que acusó al juez de hacer "cosas extrañas" y permitir una "utilización política" de todo este asunto para perjudicarles.
Las respuestas de los socialistas
El caso es que al ser Podemos un partido dentro del Gobierno, las consecuencias judiciales también sacuden al Ejecutivo de coalición. El ejemplo es que, este miércoles, tanto Sánchez como la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vieron obligados a responder a la prensa sobre los problemas de su socio, aunque fuera para salir por la tangente de lo que se les preguntaba.
Sánchez se limitó a pedir respeto para los jueces y Montero dijo que tenía "poco que añadir" a los planteado por Podemos. Así que se centró en defender que el Gobierno es "fuerte", está "cohesionado" y "tiene por delante cuatro años".
Lejos de esta percepción, la oposición exige explicaciones inmediatas por parte de Podemos e Iglesias y por integrar un Ejecutivo que surgió de una moción de censura justificada por una caja B en el PP.
Pablo Casado recogió frases de Sánchez e Iglesias cuando las cuentas investigadas eran las del PP: "Sánchez: 'No es regeneración democrática liderar partidos financiados irregularmente y apoyar su gobierno'"; "Iglesias: 'Solo un incompetente no sabe qué ocurre en su partido'". Por eso, el líder del PP sentenció a continuación: "La caja B exige el cese del vicepresidente de Sánchez con la misma vara de medir de su moción de censura".
El PP exige la dimisión de Iglesias por su "silencio perturbador"
Por su parte, Ciudadanos solicitó en el Congreso la comparecencia Iglesias y le instó a "dar la cara" sobre un caso ante el que aún no se ha pronunciado. En su escrito, la formación naranja pide que comparezca en la Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción por las "informaciones relativas a la financiación irregular de Unidas Podemos y la reciente imputación tanto del partido como de altos cargos del mismo y el papel del vicepresidente en este asunto". "Los españoles merecen conocer el papel que jugó el vicepresidente segundo en este asunto", señaló Edmundo Bal.
Para Santiago Abascal, de Vox, la imputación de Podemos supone un motivo más para la moción de censura, porque "ese dinero -dijo- viene de narcodictaduras y regímenes totalitarios".
Desde el PP, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, exigió al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que sea coherente y dimita por su "silencio perturbador" después de que Podemos haya sido imputado por irregularidades relacionadas con su financiación.
Así se pronunció Terol, en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, en la que mostró su preocupación ante el hecho de que Iglesias no haya dado explicaciones ni ante los medios de comunicación ni ante el Congreso de los Diputados. Terol lamentó que, en lugar de dar explicaciones, Podemos haya optado por "atacar a un denunciante de la corrupción, a los medios de comunicación y a la justicia", lo que le sirvió para conjeturar que, si otro partido estuviera en su misma situación, habrían pedido la dimisión de toda su cúpula.
Mientras el frente político está que arde, en el campo judicial Podemos ha presentado un recurso ante la a Audiencia Provincial de Madrid pidiendo la nulidad del caso y de las imputaciones, alegando indefensión en una causa que, subraya, "parte de meras sospechas sin sustento probatorio", informa Efe.
El recurso de apelación fue presentado la semana pasada. Podemos carga duramente contra el juez por haber seguido adelante con la causa en términos "desproporcionados, vagos e imprecisos" al encabezar una "investigación prospectiva que perturba gravemente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa".
La causa es "genérica e indeterminada" y "parte de meras sospechas sin sustento probatorio alguno", abunda el partido, que critica que el juez haya acordado una serie de diligencias "sin motivación específica" y haya admitido con "celeridad" a Vox como acusación popular sin fianza.
Según informa EFE, el juzgado que investiga si existió presunta malversación y administración desleal en Podemos ha acordado dar traslado al partido y a Vox -acusación popular en la causa- de la declaración íntegra del denunciante, José Manuel Calvente, tras comprobar que el CD que se remitió estaba incompleto.
En una diligencia el juzgado acuerda dar una copia de la declaración de Calvente, exabogado de Podemos, a petición de la formación de Santiago Abascal.
El juzgado da cuenta en la resolución de que en la copia en CD que ya se aportó "no consta la totalidad" de la declaración del denunciante, por lo que ordena que se remita una nueva a la representación de Podemos, que lo pidió en dos ocasiones y al comparecer el 4 de agosto "se llevó el CD incompleto", además de a Vox, que lo solicitó después.
