El juez imputa a Podemos como partido y a parte de su cúpula por la ‘caja B’
Financiación del partido
El juez imputa a Podemos como partido y a parte de su cúpula por la ‘caja B’
La decisión judicial llega tras la denuncia presentada por el ex abogado de Podemos por posible malversación y administración desleal
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.
El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.
El magistrado ha citado a estas tres personas el próximo 20 de noviembre para que presten declaración en calidad de investigados.
Juan Manuel del Olmo es actualmente un alto cargo del Gobierno como director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias.
Además de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.
Las comparecencias de los investigados tendrán lugar después de que declaren Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y ex responsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre. Ambas están citadas el próximo 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.
Campañas electorales
Según explicó el propio Calvente, Carmona y él estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos. Irregularidades que habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido, o también sobresueldos.
También dirige sus sospechas contra la sociedad Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.
El ex abogado de Podemos presentó denuncia en Barcelona por estos hechos y fue remitida después a los juzgados de Madrid por ser los competentes para investigar. El instructor citó al abogado para que se ratificara en una comparecencia, que duró casi tres horas y media.
Un día después, Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo. También requirió información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de la Policía Judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.
La respuesta de Podemos
A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado “los primeros 41 minutos y 52 segundos” de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media.
Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera “una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse”.
En su opinión, el objetivo de este tipo de investigaciones es convertir la causa en “un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”.
En esa misma línea de anticipar que las imputaciones quedarán “en nada” se ha manifestado Pablo Echenique, secretario de Programa de Podemos y portavoz de la formación en el Congreso. Para Echenique, todo forma parte de una “difamación mediática” y de las “reglas del juego” consistente en atacar a Podemos “desde que nació”, según ha señalado él mismo en Twitter.
Los frentes judiciales de Podemos
No es éste el único frente judicial que cerca a Podemos. Pablo Iglesias se encuentra involucrado en el llamado caso Dina. Empezó presentándose ante la opinión pública como víctima de las cloacas del Estado y ahora tiene al juez dirimiendo si pudo cometer algún delito o si fue un “montaje”.
El caso Dina ha puesto contra las cuerdas la credibilidad de una parte sustancial del discurso político de Iglesias y de Podemos, pero, por si fuera poco, al partido morado se le han abierto en este último tiempo otros dos frentes por presuntas irregularidades en el pago de sus gastos, que ponen también en cuestión la limpieza de sus cuentas y de su actuación.
El Tribunal de Cuentas descubrió recientemente deficiencias contables, facturas sin justificar, gastos irregulares e incluso prohibidos por la ley en la contabilidad electoral de Podemos para las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Así lo alertó en un duro informe, adelantado por EL MUNDO el pasado viernes 7 de agosto, donde advertía de unas irregularidades contables en partidas que alcanzan los 425.037,41 euros.
De ellos, el tribunal fiscalizador subrayaba expresamente una factura de gastos “que no han sido debidamente justificados” y que asciende a 133.100 euros. Las explicaciones por parte de Podemos, después de ser demandadas por el Tribunal de Cuentas, han sido consideradas insuficientes.
En el caso de las irregularidades de la campaña, todas las sospechas se dirigen al papel desempeñado por la compañía Neurona Consulting, una empresa con tentáculos y buena influencia en los países de órbita chavista, con la que trabajó Podemos durante aquella campaña electoral de abril de 2019 a cambio de un desembolso de 363.000 euros.
En paralelo, Antiblanqueo también ha puesto sus ojos sobre estos contratos, como informó este lunes EL MUNDO. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) remitió el pasado mes de mayo un “informe de inteligencia financiera” a la Policía Nacional y la Guardia Civil alertando de los vínculos entre Podemos y Neurona. Está fechado el 25 de mayo y está registrado con el número 4048/2020. | EL MUNDO
